09/06/2019 23:58:49
En definitiva rechazaron un recurso de amparo que había sido presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) , quienes a su vez dieron a conocer la polémica medida tomada por el tribunal.

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La Corte Suprema rechazó en definitiva el recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que buscaba impedir las eventuales expulsiones que afectarían a familias extranjeras que tienen a sus hijos nacionalizados chilenos.

Al respecto diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) habían manifestado la existencia de una compleja situación que viven algunas madres inmigrantes. En esa línea llegaron a presentaron sus papeles y la documentación correspondiente para acreditar su estadía, pero esto no influyó en la decisión del tribunal.

Ante esta situación el INDH definió la medida como desproporcionada, y criticó que no toma en cuenta el interés superior del niño.

Alexis Aguirre, coordinador de litigación de la Corte Suprema, señaló a DiarioUdeChile que “Nuestro objetivo es que estas expulsiones se dejen sin efecto, pero no se ha tomado en cuenta algo fundamental que es el interés superior del niño, en el sentido que la medida de expulsión no solamente afecta al extranjero que es obligado abandonar el país, sino también al grupo familiar, donde se incluye a niños con nacionalidad chilena”.

La Corte Suprema en tanto indicó que ya se habían evaluado las circunstancias en las que fueron tomadas las medidas. En su argumentación señalan que estas consideran que el fallo, pese a los vínculos familiares, deja sin efecto el interés superior del niño, aspecto que resultaría insuficiente para rechazar la expulsión, incluso si se tratase de menores de edad de nacionalidad chilena.

Ante la posición del máximo tribunal Aguirre replicó que “Esto es una obligación del Estado, a través de la Convención de Derechos del Niño, teniendo en cuenta también que muchas veces el menor es capaz de expresar sus propias opiniones. En ese sentido, el Estado debe procurar que esto sea considerado en los procesos migratorios, con el objeto de que estas obligaciones sean estimadas por la autoridad administrativa y el Poder Judicial”.

En paralelo Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, indicó que se encuentran requiriendo mayores antecedentes respecto a los procesos de expulsión, pero criticó que en algunos casos han logrado obtener información y en otros no.

Muñoz aseguró que “En esas circunstancias donde no hemos conocido o ha habido atisbo que involucre una vulneración a los Derechos Humanos, lo que hemos hecho es poner en antecedente al INDH, el encargado de ejercer eventuales acciones contra decisiones que se puedan adoptar desde la política migratoria, pero efectivamente estamos atentos a eso. Hemos recibido denuncias que hemos reconducido a dicho organismo competente”.

Algunas ONG ya señalaron que tomarán acciones legales y recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.